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Ministra sí conoció movimientos de sociedades
jueves, 16 de octubre de 2008
Explotación de zona marítima terrestre en Guanacaste

Desarrolladores del proyecto buscaron financiamiento con el grupo financiero Lehman Brothers.
Vinicio Chacón en Semanario Universidad. Al contrario de lo que expresó en la anterior edición de UNIVERSIDAD, la recién nombrada Ministra de Justicia, Viviana Martín, sí tuvo relación con al menos cuatro de las sociedades que gestionaron concesiones para explotar la zona marítima terrestre (ZMT) en playas Zapotillal y Nombre de Jesús, en Santa Cruz Guanacaste.
Además, también conoció el accionar de la sociedad anónima que gestionó el amojonamiento y posterior plan regulador en el sitio.

Lo anterior fue constatado por UNIVERSIDAD luego de obtener información en el Registro Público que la ubica como secretaria y agente residente de las personas jurídicas concesionarias y como agente residente desde el 2003 hasta el 2006 de la sociedad que llevó a cabo trámites para desarrollar el proyecto como el amojonamiento y plan regulador.

En una nueva respuesta remitida por escrito, la funcionaria insiste en que no ha tenido capital accionario de las sociedades anónimas desde 1997.

“Parte de las funciones de un notario público es suscribir sociedades anónimas. Desde el momento en que salen de ese ámbito para ejercer algún tipo de actividad comercial, lo que procede es modificar el asiento en el registro de accionistas de la sociedad, donde se indica que el notario ya no es accionista.’

Martín insistió en que “se puede comprobar en las certificaciones que le fueron enviadas a la periodista Lorna Chacón, que no tiene capital accionario desde octubre de 1997’, por lo cual sostiene que no tiene relación alguna con las sociedades.

Así, reiteró que el único ligamen que tuvo se dio al suscribir las sociedades, sin que éstas hubieran solicitado ninguna concesión, aunque las preguntas que ahora se le dirigieron tenían que ver con su participación como secretaria y agente residente.

PRESENCIA EN SOCIEDADES

En la anterior edición este Semanario publicó un reportaje donde se afirma que son once las concesiones otorgadas en el sitio por esa municipalidad, con el propósito de iniciar un ambicioso proyecto turístico que incluye hoteles cinco estrellas y una cancha de golf de 18 hoyos, entre otras cosas.

También se hicieron públicas las objeciones hechas al proyecto desde el punto de vista ambiental,  pues en el sitio queda un remanente de bosque, lagunas y un sitio donde desova la tortuga verde; así como las preocupaciones a largo plazo por el acceso al recurso hídrico para los habitantes de la zona.

En ese momento, se buscó el criterio del abogado Álvaro Martín, hermano de la funcionaria y principal gestor del proyecto. No se obtuvo contestación, pues alegó estar fuera del país, aunque luego envió un texto de derecho de respuesta en el cual aborda algunas de las preguntas hechas por la periodista Lorna Chacón. (Ver nota aparte)

La ahora Ministra de Justicia expresó que una vez constituidas las sociedades y cuando éstas pasaron a manos de otras personas, ella endosó las acciones a los nuevos dueños, por lo cual dejó de tener relación con estas empresas.

Sin embargo, la información recabada en el Registro Nacional sitúa la salida de Martín de varias de esas personas jurídicas en el 2005.

Así, hasta enero y febrero del 2005 consta la participación de la jerarca como secretaria y agente residente de las sociedades Desarrollos Minapel DM Sociedad de Responsabilidad Limitada (24-1-05), Llanuras del Pelícano LP Sociedad de Responsabilidad Limitada (1-2-05), Condominio Barkol CB Sociedad de Responsabilidad Limitada (24-01-05), y Desarrollos Cosuis DC Sociedad de Responsabilidad Limitada (23-2-05). Todas ellas concesionarias para explotar la ZMT en las playas mencionadas.

Además, en actas de asambleas de Playa Marel PM S.A., Martín aparece nombrada como agente residente en diciembre del 2003, puesto revocado hasta mayo del 2006. Esta sociedad anónima es la que corrió con los gastos y trámites de amojonamiento y plan regulador en el sitio.

El secretario de una junta directiva es la persona que, entre otras cosas, debe llevar en orden y actualizadas las actas de las sesiones de la junta y las asambleas de los socios. Por otro lado, el agente residente es el asesor o asesora legal de una persona jurídica que recibe todas las notificaciones de diversa índole que se dirijan a esta.

$33 MILLONES DE LEHMAN BROTHERS

En la edición anterior también se publicó la denuncia hecha por la funcionaria de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) Adelaida Acevedo, en cuanto a recibir presiones para apurar el estudio de un anexo al estudio de impacto ambiental del proyecto Mar Serena, por parte de la secretaria general de la institución, Sonia Espinoza.

Luego de la publicación, Espinoza envió vía fax un documento fechado el 8 de octubre, en el que reconoció que “se le solicitó que le diera prioridad a la revisión del Anexo’, pues según explicó el estudio de impacto ambiental había entrado a SETENA desde setiembre del 2007, “por lo que ya tenía más de un año de estar en revisión y efectivamente dada la crisis financiera de USA (sic), los desarrolladores mostraron su preocupación en cuanto a que ya había pasado un año (...) y de no obtenerse la viabilidad podrían perder la inversión’.

Así, Espinoza puntualiza que solicitó darle prioridad al análisis de este caso “para evitar que se nos acusara de daños y perjuicios, en caso de que efectivamente se perdiera la inversión, por la lentitud en el análisis de este caso’.

La respuesta de la funcionaria introduce el tema de la crisis financiera en Estados Unidos, que pareciera haber sido invocado por “los desarrolladores’. ¿Qué papel directo puede jugar en este caso la mencionada crisis?

Según el diario The Beach Times, el sitio del proyecto conocido como Mar Serena, en playas Zapotillal y Nombre de Jesús, será la sede de un hotel de la cadena Canyon Ranch and Spa, originaria de Arizona, Estados Unidos.

En su edición del 8 de junio del 2007, textualmente dice: “Una propiedad de 290 hectáreas localizada en Playa Pelícano, entre playas Conchal y Tamarindo, será el sitio de un Canyon Ranch and Spa (...) Se reporta que el gigante financiero global Lehman Brothers está detrás del trato, que incluye una cancha de golf de 18 hoyos diseñada por Gary Player’.

“Playa Pelícano’ es el nombre con el que en algunos documentos los desarrolladores se han referido a Playa Nombre de Jesús.

Luego el 9 de mayo de este año el diario volvió a ocuparse de este tema, al reportar la gran confusión que generó el anuncio del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) de que cerraría varios proyectos, lo cual al final no ejecutó. En esa oportunidad publicaron la misma información, tras señalar que Mar Serena fue uno de los proyectos originalmente incluidos en la lista de los que serían cerrados.

Tras la quiebra de Lehman Brothers, el pasado mes de setiembre, ese medio de comunicación publicó que ese acontecimiento “dejó en el aire’ un plan hipotecario que ese gigante tenía para financiar en Costa Rica a ciudadanos estadounidenses que quisieran comprar casas o condominios.
Según la información publicada, ese negocio se implementó a través de la empresa de bienes raíces Stewart Title. En el país existen tres sociedades cuyo nombre coincide con el de Canyon Ranch: Canyon Ranch Advisors, Canyon Ranch Living Resort y Canyon Ranch Management Costa Rica.
Sin embargo, la evidencia más clara de la participación de Lehman Brothers se encuentra en un acta de protocolización de una asamblea de cuotistas de una sociedad llamada Quiromancia Limitada, con fecha 4 de diciembre del 2006, de la cual UNIVERSIDAD obtuvo copia.

En esta asamblea, Quiromancia cambió su nombre a Playa Pelícano Holdings Sociedad de Responsabilidad Limitada. En la misma asamblea participó Álvaro Martín como representante de Compañía Oasis Integrado Sociedad Anónima y fue nombrado en el puesto de Gerente IV de Playa Pelícano Holdings.

Entre los acuerdos tomados aparece el de “aprobar que la compañía solicite un préstamo de aproximadamente treinta y tres millones de dólares a Lehman Brothers Holding Inc’ (¢18.447 millones a ¢559 el dólar).
Para ello, se acordó también otorgar un poder especial al ciudadano estadounidense James Salter para “comprar una finca del Partido de Guanacaste propiedad de Playa Marel PM Sociedad anónima (...) por el precio de cien millones de colones’.

De seguido se especifica que el poder otorgado a Salter también implica la firma del “fideicomiso en Garantía y Votación Playa Pelícano / Lehman. No. I-1589’, para ser suscrito entre Quiromancia Limitada, que pasa a llamarse Playa Pelícano Holdings; Playa Pelícano Manager, LLC, Oasis Integrado S.A., en cuya representación acudió Martín, y el Banco Improsa.

Cabe recordar que el Banco Improsa pertenece a la familia de Alfredo Ortuño, director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien a su vez fue tesorero de la campaña del presidente Óscar Arias.

Además, bajo Ortuño el BCIE asumió el pago de una gran cantidad de asesores de la Casa Presidencial, el cual se suspendió tras las denuncias que al respecto hizo el matutino La Nación.

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Álvaro Martín:
No se usará agua potable para zonas verdes

El abogado Álvaro Martín envió un texto de derecho de respuesta en relación con el artículo "Pretenden explotar 255 hectáreas de terreno de zona marítima terrestre de Guanacaste" publicado en la edición anerior (No. 1779) de este Semanario.

UNIVERSIDAD envió 13 preguntas por escrito a Martín desde el pasado 3 de octubre, pero el abogado dijo que por encontrarse fuera del país le era imposible responder antes del cierre de edición (lunes 6), por lo cual se refirió al tema una semana después.

A continuación se reproducen los párrafos textuales del documento enviado por Martín en los que se hace referencia a los contenidos específicos del reportaje.

"- Es absolutamente falso y tendencioso el título que se da al reportaje.

No es cierto que se "Pretenden explotar 255 hectáreas de terreno de zona marítima terrestre de Guanacaste".  Como consta en los archivos municipales (a los cuales Juan Figuerola y los miembros de la FECON han tenido acceso desde hace varios años) y en el Registro Público en la inscripción de cada concesión mencionada, el total de hectáreas concesionadas es cercano a 22 hectáreas y no como se mal informó.

-En el inicio del reportaje se encuentra la misma imprecisión, ya que en ningún momento la Municipalidad de Santa Cruz ha conferido 255 hectáreas en zona marítima terrestre para la ejecución de un megaproyecto a empresarios que bajo la condición de concesionarios en su momento fueron representados por el suscrito.

-Las concesionarias indicadas en el reportaje procedieron a gestionar ante el Área de Conservación Tempisque (ACT) del MINAET, la clasificación de áreas de bosque en zona marítima terrestre, la que ya se obtuvo, con lo cual todas las áreas de bosque no sólo están delimitadas, sino que dentro del proyecto son áreas que no contemplan desarrollo alguno, sino que están siendo sometida a un Refugio de Vida Silvestre.  

-Complementariamente en la propiedad privada que es parte del desarrollo conocido como Mar Serena, también se ha procedido a levantar un inventario forestal que identificó y clasificó las diferentes coberturas vegetativas existentes, determinando las áreas de bosque, humedal, manglar, protección de quebradas, etc. Todas estas secciones son ya parte del proyecto en marcha desde hace cerca de dos años, para constituir un Refugio Mixto de Vida Silvestre, que está en trámite de estudio y legalización ante el ACT del MINAET.

-El proyecto incluirá "facilidades (cuartos, cocina, baños) para que vivan los guardaparques y funcionarios del MINAET que estarán encargados de proteger la anidación de las tortugas en el sector costero Playa Minas y Nombre de Jesús, quienes estarán adscritos al Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste.

-Consta tanto en el Tribunal Ambiental Administrativo, en dos causas diversas, así como en la Fiscalía Agraria Ambiental (241-07-TAA), la misma tendenciosa afirmación del Sr. Juan Figuerola en cuanto a que los desarrollistas hemos "socoleado" el terreno, pero esta especulación nunca ha podido ser acreditada ni por él ni las diversas inspecciones practicadas en el sitio.

-Contrariamente a lo denunciado, se ha acreditado que no ha existido infracción alguna a la Ley Forestal, de lo cual existen sendos reportes otorgados en diversas ocasiones por funcionarios del Area de Conservación Tempisque; funcionarios del MINAET en Nicoya, Guanacaste; funcionarios de la Municipalidad de Guanacaste (incluido el jefe del Departamento Ambiental); y últimamente funcionarios del Tribunal Ambiental Administrativo, que estuvieron de visita en la finca a principios de setiembre del año en curso.

-Precisamente por cuanto se trata de una falsedad lo alegado, procedo a destacarle que el artículo 19 de la Ley Forestal que se menciona en materia de cambio de uso de suelo, es aplicable al supuesto de áreas de bosque, o sea, sólo puede darse una transgresión a ese numeral cuando se afecta un área de bosque.

En el proyecto se encuentran claramente mapeadas las áreas de bosque, y según se pudo constatar no sólo en las inspecciones antecedentes, sino que también en la más reciente de Tribunal Ambiental, se ha determinado que no ha ocurrido chapea, socola o tala en el área de la denuncia y más bien se logró determinar recuperación  vegetativa.

-Valga aclarar que sí se ha generado en el pasado un proceso de afectación ambiental causado por el señor Juan Canales, a quien identifican simplemente como pescador desalojado de la zona en el 2007, cuando en realidad es el cuidador del abogado y empresario Álvaro Pinto Pinto.
-Como consta en la Municipalidad de Santa Cruz y en los recursos de amparo interpuestos por el abogado Álvaro Pinto Pinto y por Inversiones de Zapotillal, S.A., actuando con pretendidos derechos y en representación de su empleado Juan Canales, la causa real del desalojo hecho a Juan Canales es la usurpación a la zona pública de la zona maritima terrestre, hecho que generó una denuncia penal que está elevada a juicio por el delito de Usurpación del Dominio Público e infracción de la Ley 6043.

-El abogado aclaró que la zona marítima terrestre (ZMT), que es propiedad del Estado, dada en administración a las municipalidades, permite otorgar concesiones en el sector denominado zona restringida y excepcionalmente en la zona pública.

Sólo la zona pública es inalienable, por lo cual afirmar que la ZMT es nalienable, no solo induce a error, sino que es producto del desconocimiento de la Ley de Aguas y de la  Zona Marítima Terrestre, que precisamente desarrollan el concepto.

-En este caso las empresas concesionarias obtuvieron su derecho de uso (concesión) en la zona restringida, sea en el sector de los 150 metros adyacentes a los 50 metros que constituyen la zona pública.
Las concesiones se otorgan para el uso que define el Plan Regulador  para cada sector planificado, ese uso no se puede modificar. Efectivamente los usos comerciales, residenciales, protección y hotelero fueron parte de los usos definidos en el plan regulador.

-El proyecto Mar Serena (a desarrollarse parte en la zona oncesionada y parte en la propiedad privada), con claridad indicó dentro del trámite del Expediente 1101-2007 SETENA, que incluye un único hotel a desarrollar, no dos como incorrectamente se destaca en el informe periodístico.
-En  cuanto al reportaje sobre el manejo del recurso hídrico nuevamente se incurre en error, ya que, como es obvio en un proyecto complejo, el abastecimiento y disposición de aguas es un tema de necesaria atención. En el proyecto Mar Serena, tal y como lo permite la ley, se está proponiendo que las aguas que se utilicen para riego sean las provenientes del tratamiento en las plantas que manejan aguas residuales y que se encuentran dispuestas para servir el manejo de desechos líquidos ordinarios, por ello, no se estaría requiriendo de agua para consumo humano para mantener áreas verdes.

-Las áreas de recarga acuífera pertenecientes al acuífero Nimboyores, no sólo han sido objeto de estudio de parte de SENARA, sino que también poseen un control especial por las autoridades que manejan el recurso hídrico en este país, así que tanto la perforación de pozos u otras soluciones que se proponga para el abastecimiento a un proyecto residencial como el que se pretende, no solo van a considerar las reservas existentes, sino que también la capacidad hídrica futura.

-En este sentido el proyecto está contribuyendo a realizar estudios técnicos en conjunto con la ASADA de Matapalo, no sólo para solucionar su situación actual, sino para implementar una estrategia a futuro que sirva a toda la comunidad, de la que forma parte del proyecto Mar Serena".

PREGUNTAS SIN RESPONDER

Algunas de las consultas enviadas por este Semanario a Álvaro Martín no fueron respondidas en el documento enviado. Dichas preguntas son:

 -¿Por qué crearon esas 11 sociedades anónimas, en las que participan las mismas personas físicas para optar por las concesiones otorgadas por la Municipalidad de Santa Cruz en la zona marítima terrestre de Playa Zapotillal con el fin de desarrollar un proyecto de carácter turístico?

-¿Cuánto invirtieron en la compra de los terrenos privados? ¿Los compró la misma persona jurídica que pagó en su momento el amojonamiento y plan regulador?

-Luego de diez años vencen las concesiones. ¿En qué fecha exacta fueron otorgadas? ¿Han tramitado la renovación?

-¿Considera que hay un conflicto de intereses en el hecho de que Laura Charpentier, quien desde hace tiempo ha sido abogada suya, haya fungido durante varios meses este año como asesora legal de la Municipalidad de Santa Cruz?

-¿Cómo contesta las denuncias por cierre de acceso público en esos terrenos que se han impuesto ante la Fiscalía Ambiental?

-¿Qué permisos faltan para poder iniciar la fase de construcción?

-Hemos sabido que el Proyecto Mar Serena ha repartido un "formulario de habilidades e intereses laborales" para un "registro de personal elegible". Según los resultados de ese registro, ¿cuántas personas de la comunidad de Matapalo cuentan con capacitación para trabajar en la fase de operación del proyecto?

-Algunos ambientalistas consideran que en el caso de este proyecto turístico podría presentarse un eventual tráfico de influencias a la hora de pedir permisos o concesiones debido que a su hermana ostenta la figura de funcionaria pública. ¿Qué opina usted sobre esta aseveración?
 
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