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FECON pide al presidente Arias realizar la consulta a los pueblos
domingo, 12 de octubre de 2008
San José, (NP) La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), solicitó al presidente Oscar Arias, la consulta a los pueblos indígenas de Costa Rica la consulta de la Ley sobre Propiedad Intelectual.


Además de solicitar el cumplimiento del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advirtió que desde hace muchos años, el movimiento ecologista costarricense ha alertado tanto sobre los peligros y nefastas consecuencias que derivan de la privatización de nuestra biodiversidad y nuestra vida.

La presidenta de FECON, Heydi Murillo Quesada, explicó que esa privatización se registra por medio de patentes o "derechos del obtentor", que solamente protegen intereses de grandes empresas transnacionales y que legitiman la biopiratería de los recursos biogenéticos de nuestro país.

“La vida no es una mercancía y por lo tanto no debe ser tratada como tal, las patentes, la propiedad intelectual, la apropiación de materiales genéticos y de conocimiento tradicional por parte de transnacionales, son intentos de apropiación del bien común”, señala Murillo en una carta al
mandatario.

Aseguró que al movimiento ecologista “indignan leyes absurdas en las cuales nuestros agricultores, campesinos, indígenas y productores del campo sean tratados como delincuentes por prácticas ancestrales de intercambio de semilla y de conocimiento tradicional; imponiéndoseles sanciones tales como medidas cautelares y destrucción de sus cosechas”.

“Como usted mismo ha reconocido, la crisis alimentaria asecha a nuestro país, de ahí intuimos otra consecuencia grave de estas prácticas, la cual radica en el encarecimiento y falta de acceso a semillas para abastecimiento interno”, resaltó.

Advirtió también la posibilidad de abrir un portillo a organismos genéticamente modificados (transgénicos), “lo cual también va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria y nuestra biodiversidad”.

Expresó que la preocupación crece “no sólo porque nuestras alertas no han sido escuchadas por parte de dichas autoridades, si no porque, además, nos encontramos ante un atropello más a la institucionalidad del país, evidenciado en el trámite del expediente Nº 16.955 "Reforma y
adición de varias normas que regulan las materias relacionadas con propiedad intelectual", en una forma excesiva, inconsulta, apresurada y tardía”.

Murillo Quesada recordó que sobre esa Ley, la Sala Constitucional ya se pronunció sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas, en el tanto es un derecho establecido en el convenio 169 de la OIT, “suscrito por nuestro país y con jerarquía superior incluso a nuestra Constitución Política al ser considerado un derecho humano”.

Por lo tanto, “exigimos que se deje de violar nuestra institucionalidad y se proceda a realizar la consulta a nuestros pueblos originarios, tal y como lo indicó la Sala Constitucional, por afectársele en el artículo 10 del expediente Nº 16.955”.

Precisó que se debe “eliminar el artículo 7 del mismo, con el procedimiento adecuado y no nuevamente con mecanismos antojadizos, por cuanto representa un exceso a los compromisos adquiridos por nuestro país en el TLC”.
 
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