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Consulta sobre reforma a ley de semillas
miércoles, 08 de octubre de 2008
Nancy Hidalgo Dittel Ingeniera Agrónoma en Semanario Universidad. Sin duda, el señor José Joaquín Salazar, diputado del PAC quien preside la Comisión de Asuntos Agropecuarios en la Asamblea Legislativa tiene razón al decir que la reforma a la ley de semillas es necesaria. Es un texto anacrónico y necesita adaptarse a las necesidades actuales, sobre todo en miras a fortalecer al país ante las eventuales crisis alimentarias que seguirán sucediéndose,  paralelas al cambio climático y la  crisis de los hidrocarburos.



Esto con TLC o sin él, y otros acuerdos que también van comprometiendo poco a poco nuestra soberanía alimentaria.

No obstante, desde la Red de Coordinación en Biodiversidad nos ha parecido -y así se los hemos hecho saber a los diputados- una falta de respeto que se apruebe una reforma a esta ley sin haber realizado una consulta amplia y representativa. Si el PAC es un verdadero fan del agro, ¿por qué la comisión que preside su representante sólo consultó a una organización de agricultores y no a los diversos grupos ligados al agro como indígenas, movimiento orgánico, otras organizaciones campesinas y ecologistas? Resulta preocupante que tras apenas consultar a 13 instituciones (la mayoría estatales), sólo seis se pronunciaran. Dos de ellas tenían inquietudes de forma y fondo sobre esta modificación, pero sus argumentos ni siquiera se reflejan el texto final.

Nos preocupa que este proyecto más bien represente los intereses de la industria semillera transnacional, y que vaya más allá de las exigencias del TLC en materia de semillas y UPOV.
Algunos de los principales puntos que nos preocupan, de convertirse este proyecto en Ley, es que implicaría que para comercializar semillas, todas deban estar registradas ante la Oficina Nacional de Semillas (OFINASE). Esto incluye las semillas que los agricultores guardan año con año, y entre las cuales se encuentran variedades criollas de poca difusión, pero materiales valiosos y de importancia para sus economías locales. Los requisitos para este "registro" los impondrá una OFINASE según sus propios criterios y al margen de su propia reglamentación.

Vale la pena agregar que se le da a la OFINASE la potestad de recibir financiamiento del sector privado (ej. multinacionales semilleras), lejos del control fiscal del Estado, además que la participación del sector agrícola local es mínimo. Esto abre portillos peligrosos para que no se defiendan los derechos de los agricultores y que, por el contrario, al convertir a este en un "consumidor de productos terminados" se defiendan los de los comerciantes de semillas certificadas y con garantía de calidad al estilo UPOV.

Bajo el señuelo de elevar "la calidad", para el registro comercial las semillas deben cumplir, entre otras cosas, con los estándares exigidos por UPOV de ser distintas, homogéneas y estables. Si uno de los puntos principales que se quiso rescatar con esta modificación a la ley era proteger y salvaguardar la semilla campesina, criolla o tradicional, nos parece contradictorio que se fomenten los requisitos de UPOV en una ley de semillas nacional, pues al exigir homogeneidad para el registro comercial, las semillas criollas se vuelven casi ilegales. Las semillas criollas son importantes porque se van diversificando al adaptarse, con la ayuda campesina, a diferentes climas, suelos, culturas y prácticas productivas. De allí surge la diversidad agrícola. Llamamos la atención sobre este registro nacional que se propone para las semillas criollas o tradicionales, pues no hay nada que garantice que las empresas semilleras no van a encontrar fácilmente materia prima para hacer sus nuevas variedades comerciales.

Muchas otros aspectos nos parecen perniciosos en este proyecto de ley, en tanto fomenta la erosión genética debido a la falta de estímulos para mantener o mejorar las variedades locales, así como otros aspectos socioeconómicos que se traducen en una menor seguridad y soberanía alimentaria. Este proyecto de Ley de Semillas es producto de la presión internacional para que todos los países homologuen sus leyes y así aseguren la comercialización para la industria semillera oligopólica y transnacional localizada principalmente en Europa y Estados Unidos. En ningún país del mundo estas reformas han tenido el objetivo de aliviar el hambre o fortalecer a los pequeños agricultores y agricultoras. Quitar las semillas de las manos de los agricultores, en vez de trabajar con ellos y las instituciones estatales para la mejora de sus variedades, es a lo que nos referimos desde la RCB como un tiro de gracia a la agricultura de los ticos. Dejar abiertos portillos legales en esta ley, a la espera de dictar su reglamento en un eventual próximo gobierno es una solución miope ante la gravedad que es asegurar la alimentación de nuestro pueblo, sobre todo ante el contexto mundial de escasez de alimentos.
 
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