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Megaproyecto turístico: pretenden explotar 255 hectáreas de zona marítima terrestre en Guanacaste
martes, 07 de octubre de 2008

Ambientalistas califican de "inmoral" concesión otorgada a 11 sociedades con los mismos dueños

 

Lorna Chacón y Vinicio Chacón en Semanario Universidad. Una concesión otorgada por la Municipalidad de Santa Cruz en Playa Nombre de Jesús y Playa Zapotillal, en Guanacaste, permitirá la explotación de 255 hectáreas en la zona marítima terrestre, mediante un megaproyecto turístico impulsado por empresarios representados por Álvaro Martín Salazar, hermano de la actual viceministra de Obras Públicas y Transportes y futura ministra de Justicia, Viviana Martín.

Playa Zapotillal es conocida popularmente como "Minas", mientras que a Playa Nombre de Jesús los empresarios la denominan "Playa Pelícano" en algunos documentos.

 

Ambas están ubicadas en el distrito Cabo Velas, cantón de Santa Cruz, muy cerca de Playa Grande y el Parque Nacional Marino Las Baulas. Resguardan una valiosa zona de bosque tropical seco, dos lagunas, humedales, así como un espacio para el desove de la tortuga verde, por lo cual el eventual desarrollo turístico puso en alerta a vecinos de la zona y grupos ambientalistas.

 

De acuerdo con el ambientalista Juan Figuerola, quien desde hace tiempo sigue el caso, desde la perspectiva ambiental el proyecto implicaría privar a la zona "de un reducto de bosque costero de gran diversidad que ya no queda en la región, pues han surgido los desarrollos elitistas que contradicen el derecho de la gente a un ambiente sano".

 

Dentro de las preocupaciones figura el tema del desmedido consumo de agua que se daría con el proyecto turístico, pues tendría que abastecerse desde la comunidad de Matapalo, donde desde ya existe oposición.

 

El proyecto es denominado Condominio Turístico Residencial Mar Serena (Expediente No.1101-2007-Setena), el cual podría explotar la zona marítima terrestre (ZMT), que constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable.

 

La ZMT es la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de Costa Rica. Esta posee una parte pública (50 metros) y una restringida (150 metros restantes), sobre la cual se otorgan las concesiones con base en un plan regulador.

 

El proyecto Mar Serena comprende una área de concesión en la ZMT y también terrenos privados. En la zona de concesión se proyecta la construcción de un hotel cinco estrellas con 174 habitaciones (17,24 hectáreas), un edificio con restaurante y tiendas para comercio, una edificación con servicios sanitarios y duchas, edificios de dos pisos para uso residencial, una zona de cooperativa y una zona de protección o amortiguamiento del manglar.

 

En el área privada, el proyecto contempla 190 lotes residenciales (44,25 hectáreas), 361 villas unifamiliares (28,5 hectáreas), un hotel cinco estrellas con 178 habitaciones (6,04 hectáreas), una zona comercial con estacionamientos y otra para edificaciones de servicio.

 

Además, también se pretende construir en la zona privada un campo de golf de 18 hoyos (75,64 hectáreas), una casa club (1,84 hectáreas), calles para comunicar y acceder a las diversas áreas (17,24 hectáreas) así como zonas verdes (77,09 hectáreas) y una reserva forestal, cuya área no se especifica.

 

La concesión para explotar dichos terrenos fue otorgada en 1998 por la Municipalidad de Santa Cruz -en el mismo día- a 11 sociedades anónimas de responsabilidad limitada con los mismos propietarios, en las cuales la viceministra de Obras Públicas y Transportes y futura ministra de Justicia, Viviana Martín, aparecía como secretaria y como agente residente, mientras que su hermano, Álvaro Martín, como presidente.

 

Posteriormente, estas concesiones fueron ratificadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), encargado de velar por el adecuado manejo de la ZMT.

 

Cabe destacar que entre el 2002 y el 2005 Álvaro Martín Salazar fue miembro de la junta directiva del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos de Costa Rica (CIMAT), entre otros puestos públicos (Ver recuadro Las Juntas de Martín).

 

Consultada al respecto, la viceministra Viviana Martín rechazó cualquier vínculo con el megaproyecto turístico, pues asegura que ella lo único que hizo fue crear las sociedades y, posteriormente, se desligó de ellas (Ver recuadro "Tengo mil defectos, menos la falta de rectitud").

 

Las sociedades anónimas que recibieron concesiones son: Hotelera Minazol H.M. S.A., Condominio Madras C.M. S.A., Codominio Romanche C.R. S.A., Codominio Penza C.P. S.A., Condominio Taboy C.T. S.A.,Llanuras del Pelícano L.P. S.A., Desarrollos Cosuis D.C. S.A., Inversiones Playa Saleina I.P. S.A., Desarrollo Hotelero Glaciar D.H.G. S.A., Desarrollos Minapel D.M. S.A. y Condominios Barkol C.B. S.A.

 

La empresa Marel S.A., también fundada por los hermanos Martín, ha corrido con todos los gastos de amojonamiento, plan regulador y demás, pero no está entre las concesionarias.

 

Sobre las condiciones del sitio donde se ubicaría el Proyecto Mar Serena, el ambientalista Figuerola destacó el hecho de que fue un potrero  hasta inicios de los años 90, pero "se ha recuperado bastante y hay dos lagunas".

 

Figuerola, quien labora con la FECON, denunció que los desarrollistas han "socoleado" el terreno, es decir, han cortado partes de los árboles con el propósito de arralar el bosque, con lo cual se podría "justificar un cambio de uso, pero eso es prohibido por el artículo 19 de la Ley Forestal".

 

Calificó como "inmoral" el hecho de que las once concesiones fueron otorgadas "de un solo golpe" en 1998 por el Concejo Municipal.

 

UNA HISTORIA DE LARGA DATA

 

La historia del el Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena se inició en 1993, cuando Álvaro Martín solicitó al Instituto Geográfico Nacional el amojonamiento (demarcación) de ambas playas, primer paso para desarrollar un proyecto de construcción con el fin de demarcar la zona pública.

 

Posteriormente, en 1994 el arquitecto Héctor Chavarría Carrillo, hermano del actual alcalde de Santa Cruz, Jorge Enrique Chavarría, realizó la hoja de zonificación del plan regulador.

 

En el 2006, autoridades municipales y de la fuerza pública de Santa Cruz demolieron la casa del pescador Juan Canales, por encontrarse en la zona del proyecto.

 

En mayo del 2007 la empresa Ingenieros Consultores presentó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) una  declaratoria de impacto ambiental para un primer proyecto de condominio turístico residencial denominado en ese momento Playa Pelícano (Expediente No. D1-564-2007-SETENA), al cual varios ambientalistas, como Juan Figuerola, presentaron observaciones técnicas.

 

En setiembre del 2007, el propio desarrollador pidió archivar el proyecto y ese mismo día presentó un Estudio de Impacto Ambiental para un segundo plan de condominio turístico residencial denominado Mar Serena (Expediente No.1101-2007-SETENA).

 

Vale la pana destacar algunas coincidencias entre este caso y el de varias concesiones solicitadas por sociedades anónimas también de los hermanos Martín en Isla Caballo, en el Golfo de Nicoya.

 

Por ejemplo, es el mismo arquitecto Héctor Chavarría quien elaboró el plan regulador para la isla, contratado por Álvaro Martín. Además, en este caso son cinco sociedades anónimas las que solicitan las concesiones y en todas la actual funcionaria Martín apareció con el 60% de las acciones.

 

PROBLEMA COMUNAL Y AMBIENTAL

 

Además de las preocupaciones por el bosque de la zona, las lagunas y el hecho de que al sitio llega a desovar la tortuga verde, algunas personas de la zona ya manifestaron su preocupación por la accesibilidad al agua.

 

En medio de la discusión está la comunidad de Matapalo, cuyos residentes se debaten entre la protección de esos recursos naturales y las promesas de empleo de los desarrollos turísticos.

 

Balbino López, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, no tuvo reparos en afirmar que la mayoría de los habitantes de esa comunidad están a favor de este tipo de proyectos.

 

"Hemos investigado este caso particular con el señor Emel Rodríguez, director del Área de Conservación Tempisque, quien nos hizo una exposición para determinar que no haya un impacto fuerte en contra del ambiente. El afirmó que se han respetado todas las indicaciones emanadas del MINAET".

 

Luego de señalar que el proyecto turístico ha generado empleo y le permitió regresar a la costa a mucha gente que, como él, tuvo que irse en el pasado para buscar empleo, López destacó el hecho de que "no nos preocupa que este plan ponga en riesgo estos recursos naturales", pues "el MINAET ha hecho grandes esfuerzos, se va a dejar un refugio y habrá un puesto de vigilancia; es una posibilidad que ha dado el desarrollador para que cuiden el desove de las tortugas".

 

El tema álgido, como en todo Guanacaste, es el de la disponibilidad del agua. López informó que los desarrollistas determinaron que dentro de sus terrenos hay "un pequeño" manto acuífero, del cual obtendrán el recurso para las primeras fases del proyecto.

 

 

Sin embargo, reconoció que el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) "contempla un proyecto de acueducto" en la zona, luego de que la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de Matapalo emitió en setiembre del año pasado un documento en el que dijo tener disponibilidad de 100 pajas de agua para el proyecto, "siempre y cuando (...) aporten diseños, materiales y ejecución  de obras  (...) bajo la supervisión del AyA y esta ASADA".

 

La vecina de Matapalo Laura Jaén, integrante de la Asociación para la Conservación de los Recursos Naturales de Cabo Vela y presidenta de la Asociación de Damas Amigas del Parque Marino Las Baulas, manifestó su oposición al proyecto.

 

Luego de coincidir en la denuncia del socolado del bosque, señaló que la experiencia con los grandes proyectos no sustenta las expectativas de generación de empleo en zonas costeras.

 

"Hemos sentido bastante el impacto del desarrollo en la zona, y durante el verano tenemos problemas por falta de agua. Nuestra preocupación es por nuestros hijos ¿qué va a pasar con el agua?", cuestionó.

 

"En verano todo va a colapsar, las canchas de golf, por ejemplo, tienen que estar siempre verdes para que puedan jugar. La gente que se opone en la comunidad está a la espera, se ha hablado de tirarse a la calle igual que lo hicieron en Lorena con el Meliá Conchal".

 

Lorena es una comunidad de Santa Cruz aledaña a uno de los últimos mantos acuíferos de la región, el de Nimboyores. En su momento el Hotel Meliá Conchal pretendió echar mano de este recurso y la comunidad de Lorena logró impedirlo.

 

En esa lucha estuvo presente María Rosa Angulo, quien fue  presidenta del Comité de Defensa del Manto Acuífero de Nimboyores y actualmente preside la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Cantón de Santa Cruz.

 

"Toda esta zona requiere de agua, en Matapalo hay muy poca y la única fuente cercana es Nimboyores, donde un estudio determinó que puede proveer 180 litros por segundo, lo cual es muy inferior a la demanda que tendrá que enfrentar".

 

Citó datos según los cuales para el 2020 Tamarindo requerirá de 400 litros por segundo. "El agua de Nimboyores sólo puede ser para el consumo humano, no para regar canchas de golf y jamás para piscinas. Además, deben ser las ASADAS las que administren el recurso", puntualizó.

 

"Si insisten en buscar el agua de Nimboyores habrá una gran tensión. Si el AyA viene de manera arbitraria a meter tuberías, estamos dispuestos a tirarnos a la calle ante la forma de actuar prepotente e irrespetuosa de Ricardo Sancho y ya se lo comunicamos a la institución", señaló.

 

Viviana Martín:

 "Tengo mil defectos, menos la falta de rectitud"

 

La viceministra de Obras Públicas y Transportes y futura ministra de Justicia, Viviana Martín, dijo a UNIVERSIDAD que ella tiene "mil defectos menos la falta de rectitud", y afirma no tener vinculación con el Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, donde sí participa su hermano, Álvaro Martín.

 

La funcionaria dijo telefónicamente que "desde 1997 no tengo ninguna relación con esas sociedades", en alusión a las 11 sociedades anónimas que recibieron en 1998 concesiones para explotar la zona marítimo terrestre en 255 hectáreas en Playa Nombre de Jesús y Playa Zapotillal, otorgadas por la Municipalidad de Santa Cruz.

 

Las sociedades fueron creadas en 1997 por Viviana Martín, como profesional liberal en derecho, y en todas aparece ella como secretaria y como agente residente, mientras que su hermano figura como presidente.

 

La Viceministra aseguró que una vez constituidas dichas sociedades, cuando éstas pasaron a manos de otras personas, ella endosó las acciones a los nuevos dueños, por lo cual dejó de tener relación con estas empresas.

 

La funcionaria hizo llegar a la redacción de este Semanario una serie de documentos, entre ellos una certificación notarial suscrita por Carolina Segnini Rodríguez y fechada el 20 de julio del 2007, según la cual, con vista en los libros de registro de accionistas, para esa fecha Viviana Martín "no aparece como accionista en ninguna de las sociedades mencionadas".

 

Además, la funcionaria adjuntó una carta dirigida al codirector de Telenoticias de Canal 7, Ignacio Santos, y al periodista de ese telenoticiario, Greivin Moya, con fecha 10 de abril del 2008, en la cual aclara que ella no está vinculada con las sociedades.

 

Según versión de la propia funcionaria, Canal 7 estuvo investigando el caso, pero finalmente decidió no difundir ninguna información al respecto.

 

En esa misiva, Viviana Martín asegura a los periodistas que "nunca he tenido ninguna relación con concesiones de nadie, nunca he visitado las fincas en cuestión ni conozco el lugar exacto de ellas porque el seguimiento que estas sociedades tuvieron, ni lo conozco ni lo tenía que conocer al estar yo completamente desligada y sin ningún interés".

 

La viceministra agregó que "nunca he realizado ningún trámite de concesiones ante la Municipalidad de Santa Cruz ni la he visitado al igual que nunca he ido al ICT a presentar solicitudes por estas concesiones".

 

Viviana Martín manifestó que "en el momento en que se solicitaron las concesiones ante la Municipalidad de Santa Cruz (1998, 2001 y 2002) yo ya no era accionista de las sociedades, precisamente porque las sociedades iniciaron su actividad comercial y ya había endosado las acciones".

 

"Por lo tanto, de acuerdo con las copias (adjuntadas por la funcionaria) fue Álvaro Martín quien solicitó las concesiones como apoderado de las empresas, nunca solicité concesiones para que por error, que desconocía hasta ayer, la Municipalidad pusiera mi nombre", añadió Martín en la carta dirigida a los periodistas de Canal 7.

 

Finalmente, Martín dijo a UNIVERSIDAD que "desde hace dos años personas (que no identificó) han querido, de una u otra forma, ver qué me buscan" posiblemente porque ella es una funcionaria que figura en los medios de comunicación.

 

Las juntas de Martín

 

El hermano de la actual Viceministra de Transportes, Álvaro Martin, es socio del Bufete Lara, López, Matamoros, Rodríguez & Tinoco desde 1980. Ese bufete fue fundado, entre otros, por el padre del exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien también ha laborado allí.

 

UNIVERSIDAD envió una serie de consultas por escrito a Martín el pasado 3 de octubre, pero el abogado dijo que por encontrarse fuera del país, le sería imposible responder antes del cierre de edición (lunes 6), por lo cual se le dejó abierta la posibilidad de referirse al caso en la próxima edición. Ello a pesar de que en un inicio su secretaria dijo que sí le sería posible contestar.

 

Martín fue miembro de la comisión redactora de la Ley de Incentivos Turísticos para el  ICT en 1983 y entre 1986 y 1990 integrante del Consejo de Administración de la Corporación Costarricense para el Desarrollo (CODESA).

 

En 1991, fue miembro de la comisión para reorganizar el sistema legal que involucra la actividad turística para el ICT y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); y de 1994 a 1999 miembro de la junta directiva de LACSA, adonde regresó en el 2006.

 

Otra Junta Directiva en la que estuvo fue la del Instituto Nacional de Seguros (INS), entre 1994 y el 2000. También estuvo en la de CINDE entre 1997 y el 2005.

 

Desde el 2002 y hasta el 2005 fue miembro de la junta directiva del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT). Desde el 2006 es fiscal de la junta directiva de la Corporación BCT.

 

Presiones en SETENA

 

La funcionaria de SETENA Adelaida Acevedo denunció por escrito haber recibido presiones de parte de la Secretaria General de la institución Sonia Espinoza para apurar el estudio de un anexo presentado al estudio de impacto ambiental del proyecto Mar Serena.

 

Tal queja tomó la forma de una carta dirigida a la Comisión Plenaria de la institución, con fecha del 29 de julio pasado. Entre otras aseveraciones, Acevedo señala que la actitud de Espinoza "en todo el proceso de análisis de este proyecto (...) ha sido de acoso laboral y presión por acelerar el proceso de revisión". Además añade que "la única razón que me ha dado la Sra. Espinoza para acelerar la revisión es que 'si esto no está revisado para el jueves, los inversionistas se van'".

 

Se buscó el criterio de Espinoza, mas al cierre de edición no se contó con respuesta alguna.

 
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