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Se enciende polémica en torno a decisión oficial de evitar consulta a indígenas
jueves, 02 de octubre de 2008

El oficialismo reitera error de no consultar a los pueblos indígenas ley sobre propiedad intelectual, advierten partidos opositores. 

Por Jorge Luis Araya en Semanario Universidad. Si la Sala Constitucional es congruente tendrá que rechazar de nuevo el trámite de la última ley de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y "la medicina va a ser peor que la enfermedad".

Es la advertencia que hacen a coro los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), movimiento Libertario (ML) y el Frente Amplio (FA) ante el remedio propuesto por Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) para aprobar el proyecto de "Reforma y adición de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual (expediente 16.955)", sin realizar la consulta a los pueblos indígenas que ordenó hacer la Sala Constitucional.


El tribunal declaró inconstitucional el trámite del proyecto por no haberse realizado consulta a las comunidades indígenas sobre una reforma a la Ley de biodiversidad introducida en el mencionado proyecto, y por no haberse publicado en el diario oficial La Gaceta. Por ello, los magistrados ordenaron enmendar el trámite y hacer la consulta.

 

No obstante, los diputados del PLN y el PUSC consideraron que si se suprime el inciso que contiene la reforma a la ley de biodiversidad que debía ser consultada, la consulta no es necesaria, y el trámite del proyecto, así modificado, puede ser enviado al primer debate del plenario legislativo. En ese sentido lograron aprobar una moción en la comisión de consultas de constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, que deberá ser conocida en el plenario.

 

El  diputado José Merino, del FA, adelantó que acudirá a la Sala Constitucional, ante lo que consideró como una violación a los derechos de los pueblos indígenas. "Estamos frente a otra agresión a las comunidades indígenas y una burla a la institucionalidad costarricense", pues la moción aprobada por la comisión de consultas de constitucionalidad no exime a la Asamblea Legislativa de su obligación de consultar el expediente 16.955 a los pueblos indígenas, indicó Merino.

 

La Asamblea sigue estando obligada a realizar la consulta a las comunidades indígenas, porque la moción no elimina el cambio introducido en el encabezado del segundo párrafo del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, que también afecta a los pueblos indígenas, y abre las puertas para que a las invenciones derivadas del conocimiento tradicional se les apliquen otras formas de propiedad intelectual distintas a las patentes, de las que habla el párrafo que están suprimiendo, explicó.


El criterio de Oscar Hernández, profesor de derecho constitucional y asesor de la fracción del PAC, es que el oficialismo está aplicando erróneamente un mecanismo previsto en el reglamento legislativo para corregir cuestiones de fondo, cuando lo que ordenó la Sala fue enmendar un asunto de procedimiento o forma.

 

Están pretendiendo aplicar el artículo 146, inciso 5, del reglamento legislativo, que es para cuando haya que variar un texto, pero en este caso no hay texto que variar, porque la Sala nunca dijo que la modificación del articulo 78, inciso 6 de la ley de biodiversidad fuera inconstitucional. Lo que dijo es que si se quiere aprobar ese contenido se tiene que cumplir con un requisito esencial, que es la consulta a los pueblos indígenas y la publicación en La Gaceta, señaló Hernández.

 

"El reglamento dice que cuando la Asamblea Legislativa, haciendo caso a un criterio de la Sala IV en cuanto al fondo, quiere corregir el texto de un proyecto, lo devuelve a primer debate del plenario legislativo. Pero en este caso no puede devolverse a primer debate, porque no hay texto que corregir. Tampoco puede pasarse a segundo debate y corregirse en segundo debate, porque todo el mundo sabe en esta Asamblea Legislativa que un proyecto de ley en segundo debate no admite mociones de fondo."

 

De modo que la vía correcta para cumplir con lo que el tribunal constitucional pidió corregir es lo que han señalado el PAC, Merino y el ML, que hay que devolver el proyecto a comisión, para que mediante el artículo 154 la Comisión rinda un nuevo texto, dijo el abogado.

 

Opinión similar expuso el diputado Mario Quirós, del ML, según el cual lo resuelto por los diputados del PLUSC (Liberación y la Unidad) en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad es contrario a lo que la Sala IV dijo que había que hacer. "La Sala pidió hacer un trámite, no eliminar artículos del proyecto", advirtió.

 

Los diputados pueden eliminar artículos de un proyecto, si la Sala Constitucional lo pide, pero eso no puede hacerlo la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, porque ésta es justamente para eso, para consultas de asuntos de constitucionalidad, y si la Sala no dijo que había que quitarlos, entonces no es un asunto de constitucionalidad, sino de otro orden. "Es ilegítimo montarse en un dictamen de inconstitucionalidad sobre algo que la Sala no declaró inconstitucional, ahí está el juego sucio de este asunto", remarcó Quirós.

 

 "Es una leguleyada incongruente e inconveniente para la institucionalidad de país. Yo esperaría a que el plenario no apoye ese dictamen en esas condiciones, porque lo que hace es un acto de trasvestismo jurídico, convirtiendo en asunto de inconstitucionalidad un asunto que la Sala nunca dijo que era inconstitucional", insistió.

 

No obstante, dijo creer que el oficialismo buscará aprobar la propuesta en el plenario, y "poner a la Sala contra las cuerdas", y presionándola con hacerla aparecer como responsable de que el TLC no se pueda poner en vigencia, si el trámite no se aprueba.

 

Por otro lado, para Quirós resulta sorprendente -comentó- que lo que durante meses se dijo que era absolutamente indispensable para la entrada en vigencia del TLC, ahora se dice lo contrario, que lo indispensable es que se elimine del proyecto, "uno siente que algo muy extraño está pasando aquí", dijo Quirós.

 

POSICION OFICIAL

 

Desde las filas oficialistas, el diputado José Luis Valenciano (PLN) defendió el proceder de la comisión, de la que él forma parte. "El cuestionamiento de la Sala -dijo- vino a raíz de que se incluyó en el proyecto algo que afectaba a las comunidades indígenas (no necesariamente en forma negativa, en mi criterio en forma positiva) y dijo que había que hacer las consultas que fuera del caso a esas comunidades."

 

"Al recomendar la Comisión eliminar -de momento, porque eventualmente debemos reconsiderar ese aspecto-, el inciso de la ley de biodiversidad que se modificó, desaparece el motivo que hacía necesaria la consulta.

 

Todo lo demás del procedimiento, excepto la publicación que debe hacerse incluyendo la nueva visión, se efectuó correctamente, de ahí que el plenario legislativo, que es el órgano jerárquicamente superior, puede hacer la supresión en primer debate. La Sala efectivamente no cuestionó el fondo, pero sí la forma de una inclusión, que es lo que precisamente estamos tratando de corregir", consideró Valenciano.

 

A la vez no excluyó para más adelante una reforma legal en lugar de la que ahora se prescinde, "perfectamente se podría hacer por otro lado una modificación, incluso en lo personal estoy considerando esa posibilidad", dijo.

 

De acuerdo con Francisco Molina, jefe de bancada del PAC, el oficialismo "está tratando de quitarse de encima la consulta de los pueblos indígenas, por un lado, porque seguramente va a quedar muy mal, puesto que los indígenas están totalmente opuestos al modelo neoliberal que impulsa el G-38 (alianza pro TLC en el parlamento), y por otro, porque su realización le complicaría los tiempos" para poner en vigencia el TLC (el plazo vence el último de este mes, y el Gobierno está solicitando a los países parte del Tratado un mes adicional para terminar de aprobar las leyes de implementación.).

 

Molina advirtió que los cambios en propiedad intelectual son auspiciados por las transnacionales farmacéuticas, "y van a tratar de lograrlos no solo en el marco del TLC, sino más allá."
Donald Rojas, coordinador de la Mesa Nacional Indígena, dijo que en la organización "mantenemos la posición de que es necesario hacer la consulta, y estamos seguros que si deciden no hacer la consulta, la Sala constitucional va a encontrar el mismo error" por el que rechazó el trámite de la ley.

 

La intención de obviar la consulta es reflejo del desprecio histórico que han tenido los gobiernos para con los derechos de los pueblos indígenas, y evidencia una vez más el desconocimiento de tratados que Costa Rica ha firmado en esta materia, comentó Rojas. Dijo que van a convocar una reunión nacional con todos los delegados de los pueblos indígenas, para tomar una posición conjunta ante la situación.

 

Por su parte, Abelardo Torres, director ejecutivo de la Comisión Nacional Indígena (CONAI) coincidió en que la consulta debe hacerse, y la posición de la entidad es que debe ser a través de las asociaciones de desarrollo, que son el órgano jurídico representativo de cada territorio indígena.

 
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