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El negocio de la electricidad y la privatización
lunes, 07 de mayo de 2007

 

APAGONES EN COSTA RICA Por Mauricio Álvarez Mora, FECON. El objetivo de estos apagones es crear un ambiente hostil hacia el ICE lo que facilitaría su privatización y la continuidad de los contratos lesivos de generación privada de energía que beneficiaría a políticos-empresarios.

 

Al final de todos los veranos hay menores caudales en los ríos y, por lo tanto, menor cantidad de agua en los embalses de las represas que generan gran parte de la energía que consumimos los costarricenses. Esto no es novedad, las previsiones deben tomarse con meses de anticipación.

Según Gerardo Fumero, investigador y sociólogo, no es la primera vez que hay problemas de suministro o racionamiento en el sector eléctrico nacional. A finales de los ochentas vivimos una situación parecida, en medio los Programas de Ajuste Estructural, donde el ICE sufrió importantes restricciones de inversión, generándose rumores de inminente racionamientos que sirvieron de excusa para legalizar la estafa de la generación eléctrica privada, para que los políticos–empresarios se sirvieran unos $1522 millones de dólares en los 26 años de contratos al precio histórico del dólar y proyectado: 428 colones. Esto significa unos 68 millones de colones diarios o 2.8 millones de colones por hora pagando por una energía hasta 247.5% más cara a la del ICE.

Por eso que los beneficiados de este negocio, unos 90 proyectos por ser construidos y unos 27 operando, entre los que esta el ingenio Taboga ligado a los Arias aprovechan esta coyuntura para que se reactive la generación privada.

Estos 27 proyectos hidroeléctricos privados instalados en los ríos y comunidades han generado movilizaciones sociales a nivel nacional. Las movilizaciones contra el Combo eléctrico, los plebiscitos de Siquirres y Guácimo fueron respuestas a la cadena de 90 proyectos que se encontraban en fila para ser construidos. Estos proyectos estarían construidos de no ser por la lucha de las comunidades campesinas de Pérez Zeledón. Estas presentaron un Recurso de Amparo y una acción de inconstitucionalidad que paralizaron todas las gestiones de las empresas de generación eléctrica al quedarse sin la posibilidad de obtener una concesión de aguas para generar fuerza hidráulica.

Estos proyectos no solo causan conflictos sociales si no que tienen graves impactos ambientales sobre los ríos, como la privación del agua para otros usos, los cambios en el caudal que terminan matando la vida del río, cabezas de agua río abajo, la construcción de caminos en el bosque y la deforestación del área, el desvío de quebradas y desplazamiento de poblaciones y propietarios. Lo más grave es que los instrumentos de mitigación como los EIA no están diseñados para prever estos efectos acumulativos y sinérgicos. Por ejemplo hay 14 proyectos hidroeléctricos privados en la cuenca del Río San Carlos y 14 en planificación. La SETENA no tiene mecanismos legales para rechazar estos proyectos por acumulación de efectos negativos al ambiente. Esto además por que las compañías privadas recurren a disminuir costos y no cuentan con un departamento de ambiente, planificación, gestión, hidrología y construcción como el que tiene el ICE.

Políticamente el presidente Arias olvida recomendaciones, dictámenes de cuatro distintas Comisiones investigadoras especiales, Contraloría, Procuraduría, Defensoría, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el ICE y las demandas ejercidas desde la sociedad civil para derogar estas leyes. Esto según las proyecciones del ICE. Según estimaciones de los técnicos del sector, al momento de terminar los contratos, el ICE habría pagado, en valor presente, un sobre costo que se estima entre US$50 millones y US$100 millones. Esto según datos extraídos del informe Análisis de costo de la generación privada. Septiembre 2001. CENPE. Subgerencia sector electricidad. ICE.

En 2005 según los sindicatos la supuesta responsabilidad de estos apagones, estaría en el PH Pacuare y atrasos en Garabito. Con respecto a Pacuare la SETENA (resolución N° 492-2005) resolvió sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del PH Pacuare: “archivar el expediente administrativo número 118-97-SETENA del Proyecto Hidroeléctrico Pacuare con el fin debitar mayores prejuicios al ICE, resguardar el interés público y implicar todo lo indicado en la legislación ambiental vigente”

Esto además del plebiscito de agosto 2005 donde la mayoría de ciudadanos de Turrialba desecho la represa. Aun si el proyecto Pacuare está programado, según el Plan de Expansión de la Generación del ICE 2003, para que inicie sus funciones en 2011 fecha que no calza con los supuestos apagones del 2007.

Es evidente que en la planificación del ICE no se tenía porque tomar en cuenta que el Proyecto Térmico Garabito y el PH Joya iban entrar en el torbellino de la corrupción de los ex presidentes de la Republica. Estos dos proyectos sí son prioritarios para la planificación del ICE ya que estaban proyectados para entrar a funcionar en 2006. En el caso de la Joya y Pacuare la planificación eléctrica del ICE no toma en cuenta que la variable ambiental y la participación social son primordiales y no apenas un requisito o una amarra más impuesta por los políticos enemigos del ICE.

Coincidimos con algunos funcionarios y sindicatos del ICE que es el cerco de los políticos-empresarios a las inversiones del ICE lo que ha generado una gran inercia. Un caso específico fueron los atrasos del PH Pirrís, que estando financiado con un blandísimo préstamo de Japón, sufrió atrasos en los avales administrativos para avanzar.

Toda esta siendo disfrazado como un problema técnico no político. Existe una combinación de factores que originan los apagones. Entre ella esta que la alta jerarquía del ICE apoya claramente el TLC y está presionando por la privatización para lo cual quieren reactivar la generación privada. Es aquí donde entra otro factor que es la presión de los políticos-empresarios para reactivar y obtener una mejor tarifa para la generación privada. En este momento se están terminando los contratos y no hay un marco jurídico que reactive las concesiones de agua que pretendían hacerlo en la Ley del Recurso Hídrico.En conclusión un ICE amarrado y los apagones son un argumento de los políticos-empresarios que buscan presionar para lograr mayor beneficios en la generación privada.

Informes: FECON: 2836128, 2836046. Mauricio Álvarez Mora 3869145
 
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