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Estado tardará 75 años en pagar tierras de parques nacionales
martes, 09 de septiembre de 2008
Deuda por áreas protegidas suma $150 millones Minae invierte solo $2 millones anuales en cancelar fincas privadas Mayores deudas están en parques nuevos: Diriá, Castro Blanco y La Cangreja
 
nacion.com El Estado destina tan poco dinero a pagar las fincas privadas dentro de parques nacionales que tardará al menos 75 años en cancelar todos sus compromisos.


El último dato actualizado del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) confirmó que el país adeuda $150 millones en 82.200 hectáreas que están dentro de parques nacionales, reservas biológicas y reservas de vida silvestre.
Sin embargo, esa misma cartera dispone solo de $2 millones anuales para cancelar tierras.
A ese ritmo, las últimas fincas pendientes estarán pagadas en el año 2083.
Así lo reconoció el viceministro del Ambiente, Jorge Rodríguez.
Se trata de tierras en 22 parques nacionales, tres reservas biológicas, un refugio de vida silvestre y un monumento nacional.
La mayor cantidad de tierras sin pagar están en parques de creación reciente como el Juan Castro Blanco (San Carlos), Diriá (Santa Cruz) y La Cangreja (Puriscal).
Esas 82.200 hectáreas de terrenos privados equivalen a 822 kilómetros cuadrados, más de dos veces el cantón central de Alajuela o cuatro veces el cantón Vázquez de Coronado.
La deuda de $150 millones (¢83.748 millones) representa el presupuesto completo del Ministerio del Ambiente durante cinco años consecutivos.
Con ese dinero se podrían entregar casi 20.000 bonos de vivienda de interés social.
Justificaciones y riesgos. El viceministro Rodríguez reconoce que el Estado no tiene capacidad para pagar tanto dinero en poco tiempo, primero porque el Minae tiene un presupuesto muy bajo y, luego, porque no hay empuje del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, los más afectados por el atraso en el pago de las tierras son los dueños de las fincas.
Sin importar los años que tarde el Estado en pagarles, ellos no podrán nunca explotar su finca, vender madera, pedir un bono de vivienda o desarrollar algún proyecto inmobiliario.
Según Rodríguez, ya en varias ocasiones la Sala IV ha fallado a favor de los propietarios privados, pero el cumplimiento queda en función de los recursos disponibles.
Aun así, el afectado podría acusar al Estado de desacato a una resolución de la Sala IV.
Llueven las críticas. Luis Diego Marín, de la organización ecologista Preserve Planet, sostiene que este no es un problema reciente.
“Este es un tema de nunca acabar, es una deuda que se ha venido acumulando, es una deuda llena de intereses. No le voy a echar la culpa a este Gobierno, porque ha sido una papa caliente de por lo menos las últimas cinco administraciones”.
Para Marín, el principal problema es que, si las tierras no se pagan pronto, su valor seguirá aumentando y la deuda se hará insostenible.
Según comentó, hace cinco años se propuso un proyecto para que los parques nacionales tuvieran autonomía y, con los fondos que recaudan por visitación, pudieran pagar sus propias tierras.
Sin embargo, la iniciativa no prosperó, pues el dinero de las áreas silvestres protegidas ingresa al Ministerio del Ambiente, “que es como un hoyo negro que todo se lo traga”, criticó Marín.
Como alternativa, el ambientalista propuso que se den en concesión más servicios dentro de los parques para generar más recursos: por ejemplo, cafeterías, ventas de souvenirs y parqueos.
 
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